Sin salud no hay desarrollo (II) | Esenciales para la vida

Sin salud no hay desarrollo (II)

Sin salud no hay desarrollo (II)

¿Sabías que… el pago por acceder a servicios médicos también puede considerarse una forma de restringir el acceso a la salud? En el marco de la campaña #Visualizarte, seguimos ahondando en el derecho a la salud y concretamente en el pacto internacional en materia de salud adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, rubricado en la actualidad por más de 160 países y que en 2016 ha cumplido 40 años desde su entrada en vigor.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los elementos esenciales a garantizar en los servicios de salud son: la disponibilidad de los mismos, en cantidad suficiente para el conjunto de la población; la no discriminación, junto con la accesibilidad física, económica e informativa; la aceptabilidad de los servicios sanitarios en cuanto a ética médica, adecuación cultural, confidencialidad y sensibilidad de género; y la calidad científico-médica de la atención en salud.

En lo referente a las obligaciones de los Estados firmantes del tratado, se organizan en tres niveles distintos. En primer lugar, han de respetar el derecho a la salud, no denegando ni limitando el acceso igualitario de todas las personas a servicios preventivos, curativos o paliativos. Hay muchas formas, por tanto, en las que los países violan con frecuencia este derecho: estableciendo el pago por los servicios médicos, contaminando el aire, el agua o el suelo, ocultando y manipulando información relevante para la salud pública, o firmando tratados de comercio que restringen el acceso a grupos de población vulnerable. Por ejemplo, en la actualidad preocupa la fuerte presencia de los lobbies farmacéuticos en las negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión (TTIP), ya que entre otras cuestiones pretenden el libre mercado de patentes sin control de precios.

Por otro lado, los Estados adheridos a este pacto deben adoptar medidas para proteger el derecho a la salud de la actuación de terceros que interfieran en el acceso igualitario al mismo. En este sentido, deben regular el sector privado de la sanidad para garantizar que no represente una amenaza hacia la calidad, la transparencia y la disponibilidad de la atención en salud. Asimismo, todos los países que forman parte del acuerdo deben velar por la profesionalización de la sanidad y la erradicación de prácticas tradicionales que se demuestren son nocivas. Es el caso de los tabúes alimentarios de algunas sociedades africanas, que restringen la dieta de mujeres, niñas y lactantes, limitando su acceso a nutrientes esenciales y produciendo consecuencias en su salud que pueden llegar a ser mortales.

Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados firmantes a cumplir este tratado contemplando el derecho a la salud en sus sistemas políticos y jurídicos. Con tal objetivo, han de implantar un plan específico y detallado que preste especial atención a aspectos esenciales como el acceso a  agua, alimento, vivienda, servicios básicos de saneamiento y también de salud sexual y reproductiva; la puesta en marcha de programas de inmunización; el fomento de la investigación médica y la educación sanitaria, etcétera. Como ejemplo podemos tomar el de Ghana, que en los últimos años ha incluido algunos métodos anticonceptivos en su Esquema Nacional de Seguro de Salud.

En definitiva, los países que ratifican el PIDESC aceptan la obligación de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la salud –entre otros. El acceso regular a los medicamentos considerados esenciales es parte integrante de ese derecho, pese a lo cual a día de hoy sigue siendo uno de los problemas más graves de la salud pública mundial. Por eso la ciudadanía ha de ser conocedora de los compromisos en materia de salud adquiridos por nuestro país y exigir su cumplimiento. De otro modo, ¿qué podemos reclamar a aquellos estados económicamente más débiles que han firmado el pacto?

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