Los derechos de las mujeres en Colombia y la esperanza de un escenario de paz

Por Claudia Mejía Duque y Mónica Carmona de Corporación Sisma Mujer

Durante los últimos cuatro años, algunos avances legislativos y ciertas dinámicas recientes en el panorama político del país, muestran una mejora en ámbitos específicos respecto al ejercicio y reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia.

Es importante citar la Ley 1448 de 2011 que reconoce el impacto diferenciado del conflicto en algunos grupos poblacionales en razón del género, la edad, la orientación sexual o la situación de discapacidad. De manera particular, contempla condiciones especiales para la atención, declaración e investigación de hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto y en materia de derechos de mujeres, establece como requisito la paridad en la conformación de los espacios de participación de víctimas existentes en todo el territorio nacional[1], así como procedimientos preferenciales en los trámites administrativos y judiciales para la restitución de tierras.

Por su parte, la Corte Constitucional, en seguimiento constante de históricas sentencias sobre la garantía a los derechos de la población desplazada por el conflicto armado, ha expedido recientemente dos Autos de seguimiento que buscan proteger de manera diferenciada y afirmativa los derechos de las mujeres víctimas: inicialmente, el Auto 098 de 2013 se orienta a la prevención y protección del derecho a la vida, integridad y seguridad personal de mujeres lideresas desplazadas y mujeres de organizaciones que trabajan a favor de población en situación de desplazamiento. Este año, a través del Auto 009 de 2015, la Corte constitucional advirtió que persisten las conductas de violencia y esclavitud sexuales y prostitución forzada ejercidas contra mujeres, adolescentes y niñas por actores armados o no, en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado y exigió a todas las autoridades actuar urgentemente y con la debida diligencia, para prevenir efectivamente los factores que han hecho perdurar esa violación de derechos humanos, atender y proteger a las sobrevivientes y garantizar el cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, en el año anterior, la Ley 1719 de 2014 reglamentó medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente aquellas violencias asociadas al conflicto armado.

En cuanto a los cambios en la participación política de mujeres en espacios de decisión nacional, después de las elecciones a senado y cámara realizadas en marzo de 2014, se obtuvo una participación de 52 mujeres en el Congreso, equivalente al 19,40% y 206 hombres equivalente al 76,86%. En comparación con las elecciones pasadas (2010-2014) en las que las mujeres representaron un 14,18% en el Congreso, este año se presenta un repunte de 5,22% en la participación femenina con un total de 19,40%, siendo la cifra más alta de participación de mujeres de las últimas tres elecciones. De igual forma, las 29 mujeres elegidas en Cámara y las 23 elegidas en Senado, constituyen la cifra más alta de mujeres en cada una de las Cámaras de las últimas tres elecciones, que muy a su pesar, siguen siendo cifras muy por debajo de las de los hombres.

Pese a estos pronunciamientos y avances, en general la situación de las mujeres en el país está lejos de ser equitativa:

• Con relación a la violencia generalizada en ámbitos privados, entre Enero y Octubre de 2014[2], 31.752 mujeres fueron víctimas de agresiones por parte de su pareja o expareja, una cada 16 minutos. Por cada 6 mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja, 1 hombre lo fue (86% de mujeres frente al 14% de hombres). En el mismo período, 90 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, una cada 4 días. En total, se identificó un 90% de mujeres víctimas de homicidio frente al 10% de hombres, por parte de sus parejas o exparejas.
• En cuanto a delitos contra la libertad y la integridad sexual, 614 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, una cada 41 minutos. En estos hechos, la relación es de 84,5% de mujeres frente a 15,5% de hombres.
• En contexto de violencia sociopolítica, 20 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, una cada 18 días, registrándose el 77% de mujeres frente a 23% de hombres. En estos meses del año 2014, los casos de violencia sexual en contra de mujeres en los que se responsabiliza a la Fuerza Pública disminuyeron en un 13% con respecto a 2013. Los grupos guerrilleros registraron un aumento del 26% y los grupos paramilitares y narcotraficantes disminuyeron en un 51%. Sin embargo, frente a la totalidad de casos registrados en el año, a la Fuerza Pública se le atribuyen el 39% del total, a los grupos guerrilleros el 36% y a los grupos paramilitares y narcotraficantes el 25%.

A estas cifras de la entidad oficial se suman aspectos críticos en materia de violencia sexual como el subregistro y el alto nivel de impunidad frente a los casos denunciados, que resultan aún más notorios cuando la violencia ha ocurrido en el conflicto armado: la Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual impulsada por Oxfam y realizada por la Casa de la Mujer (2010) encontró que el 82,1% de las mujeres encuestadas no denunciaron los hechos de los que fueron víctimas. Y respecto a la administración de justicia, iinformación expuesta por la Mesa de Seguimiento del Auto 092 en el Quinto Informe de Seguimiento (2013), de los 183 casos del Anexo reservado enviado por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación, solo el 1,63% de los casos cuenta con sentencia condenatoria. Significa que el 98.3% de los casos se encuentra en la impunidad.

Considerando otros hechos que se han presentado con ocasión del conflicto, las mujeres representan en términos absolutos y porcentuales un mayor número de víctimas, siendo el 49,81%. Los tres hechos en los cuales las mujeres son la mayoría de víctimas, son las amenazas (52%), el desplazamiento forzado (69%, junto con niños y niñas) y los delitos contra la libertad y la integridad sexual (87%).

Para las defensoras de derechos humanos, la tendencia es igualmente preocupante: entre Enero y Septiembre de 2014, 96 mujeres defensoras de derechos humanos sufrieron algún tipo de agresión en su contra, una mujer cada 4 días[3], lo que significa un aumento del 13% con respecto al año anterior. El mayor incremento se dio en el hurto de información, el cual fue del 200%. Las amenazas, por su parte, crecieron en un 76% y la detención arbitraria en un 25%. Por otro lado, los homicidios se redujeron en un 72,7% y los atentados en un 55,5%. De igual forma, a la fecha de corte no se registraban casos de desaparición forzada, violencia sexual, ni hostigamiento. En cuanto a los presuntos autores de las agresiones, en el año 2014 los paramilitares se presumen responsables en el 82,6% de los casos, lo que significa un aumento del 125% con respecto a 2013. La Fuerza Pública se responsabiliza en el 5% de los casos, lo que significa una disminución del 80% con respecto a 2013 y en el 12% de los casos los autores se mantienen como desconocidos, lo que implica una disminución del 69% con respecto al año anterior.

Frente a este panorama, desde hace dos años se desarrolla un proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, que aunque se enfrenta aún con grandes problemas por resolver, ha superado obstáculos, crisis y detractores de distinta magnitud. El proceso avanza, ante una sociedad que no termina de creer en la posibilidad de vivir en paz después de que varias generaciones no han conocido una realidad ni un futuro distinto a la guerra. Sorprende incluso que sean las mismas mujeres, aquellas que representan la mayoría de víctimas del conflicto y de otras formas históricas de violencia y discriminación, las que sostengan la esperanza de una nación distinta, soñada, para ellas, para sus familias, para sus comunidades, para todos y todas, posible también por las relaciones de solidaridad tejidas, las más de las veces, con organizaciones aliadas internacionales que como Farmamundi en España, además de muchas otras en el mundo, han acompañado la edificación de nuevas confianzas.

Un sueño que no está desprovisto de sombras y de duras situaciones cotidianas, especialmente para las mujeres. Ante la cada vez más cercana posibilidad de llegar a la firma de los acuerdos de paz, existen algunos problemas urgentes que, según las mismas mujeres, es necesario superar para llegar a cambios reales y duraderos.

La pobreza, derivada del despojo, el desplazamiento forzado y la discriminación en los lugares de llegada, es el fantasma de la victimización del pasado. Se prolonga hasta las nuevas generaciones que, aunque en algunos casos no presenciaron los hechos, se encuentran con innumerables obstáculos para acceder a servicios de salud, atención psicosocial, educación técnica o superior y a oportunidades de trabajo digno. Todo lo anterior, profundiza inequidades y se refleja, fundamentalmente, en enormes dificultades para la consecución de ingresos, rol que ejercen las mujeres en la mayoría de hogares de población víctima.

Otro problema estructural que enfrentan las mujeres víctimas y sus familias en muy diversas regiones del territorio nacional es la inseguridad: en muchos casos, junto con otros hechos de violencia sociopolítica, las víctimas han recibido amenazas antes, durante y después del desplazamiento. La situación de riesgo se incrementa si ellas o algún integrante de su familia deciden realizar acciones de exigibilidad de derechos, denuncias, procesos de restitución de tierras o incluso, en algunos territorios, actos públicos de memoria o reivindicación. El liderazgo, la pertenencia a organizaciones o la participación política son fuertemente atacadas por actores armados, resultando la defensa de derechos una ocupación de alto riesgo en Colombia.

Conociendo las grandes dificultades y aprendiendo de la persistencia y resistencia de las mujeres, quedan claros los retos para el futuro en un escenario de postconflicto: además de superar la economía de la guerra con capital productivo y entrenamiento a mujeres y hombres del campo, acompañado de la protección derivada de un ejercicio estatal garantista de derechos (que no pase por la militarización de la vida), las mujeres en Colombia exigen una reparación integral y transformadora.

Referencias Bibliográficas:
Corporación Sisma Mujer, Área de Investigación. Boletín No. 5. Representación de mujeres en el Congreso 2014-2018. Bogotá, Marzo de 2014

Corporación Sisma Mujer, Área de Investigación. Boletín No. 1. Violencia en contra de las mujeres. Situación y respuesta del Estado. Bogotá, Febrero de 2015

De Roux, F. Tierra y capital para los campesinos. Periódico El Tiempo. 17 de febrero de 2015. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/tierra-y-capital-para-los-campesinos-francisco-de-roux-columnista-el-tiempo/15263223

Fundación Paz y Reconciliación. Lo que hemos ganado. Han disminuido los combates, las muertes, los heridos, lo secuestros y los desplazamientos. Bogotá, 2015. Recuperado de: http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2015/02/Ver-Informe-Completo-Lo-Que-Hemos-Ganado1.pdf

Lemaitre, J. Después de la guerra: ¿Cuál futuro para las mujeres? Revista Sextante No. 5, 2015. Recuperado de: http://sextante.uniandes.edu.co/index.php/ejemplares/sextante-5/horizontes/despues-de-la-guerra

PNUD. ¿Qué ganará Colombia con la paz? Bogotá, Junio de 2014. Recuperado de: http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/06/10/-qu-ganar-colombia-con-la-paz-.html

[1] Son aquellos espacios legalmente constituidos en los cuales se adoptan decisiones de política pública y donde las víctimas intervienen, por su propia iniciativa, mediante sus voceros o representantes. (Decreto 4800 de 2011)

[2] Las cifras que se presentan a continuación provienen de los registros realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre el 1 de Enero y el 31 de Octubre de 2014

[3] Información aportada por el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – SIADDHH – del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – Somos Defensores